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Por una parte, se expresa una falta de confianza en los organismos e instituciones cuya misión es resguardar los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Por otra, la defensa de esos derechos se percibe como una amenaza a la conservación del empleo: un 70% señala que si defiende sus derechos puede perder su trabajo.

Respecto de las instituciones, en el caso de la Inspección del Trabajo, se percibe que ésta no tiene capacidad suficiente para fiscalizar y resolver los incumplimientos por parte de los empleadores. En cuanto a los sindicatos, no se ven como una alternativa para enfrentar abusos (además, un 90% no pertenece a ellos). Los encuestados señalan que las agrupaciones sindicales no existen en sus lugares de trabajo (63%) o no tienen ni interés ni tiempo para participar en ellas (37%), o consideran que éstas no defienden los derechos (28%).

El panorama retrata un espacio laboral donde se pasan por alto los acuerdos, el maltrato de un superior es recurrente y las labores muchas veces se realizan en precarias condiciones. Vivir estas situaciones en soledad pasa a ser una experiencia cotidiana: se está instalando una cultura laboral en la cual “cada uno mata su toro”, y donde es mejor arreglar los problemas individualmente o simplemente dejarlos pasar.

A pesar de que un porcentaje importante (60%) dice estar bien informado/a de sus derechos, nos estamos convenciendo de que las cosas son así en la pega. Y es tal vez ésta la constatación más preocupante. La defensa de los derechos laborales no se asume como una responsabilidad de cada trabajador y trabajadora; el abuso se mantiene como un problema individual, silenciado y asumido como parte del hecho de tener trabajo.

Parece evidente que se requiere fortalecer la capacidad efectiva de la Inspección del Trabajo, así como dotar de más poder negociador a las organizaciones sindicales. Pero quizás el primer paso es entender estas situaciones como un problema real y no parte del paisaje.