Caso Atala y Ley antidiscriminación
07 de Abril 2010
por: María Eugenia Díaz M.
Alegra y sorprende que la Comisión Interamericana de DDHH concluya que el Poder Judicial vulneró los derechos de una persona ante un caso evidente de discriminación por condición sexual. Alegra, porque es un paso importante que comienza a reparar el grave daño causado a los implicados, entre ellos, tres menores. Y sorprende, porque se trata de un fallo inédito, que esperamos sea un impulso para que, de una vez por todas, se realice la votación de la ley que sanciona la discriminación arbitraria, que se tramita hace más de cinco años y que sigue esperando en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado.
Con esta norma, el Estado asumiría su obligación de prevenir y sancionar la discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas en tanto acto que "prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos por motivos de raza, color, nacionalidad, situación socioeconómica, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, religión o creencia", entre otras.
Tal vez nuestro país requiere el empujón de la comunidad internacional para ponerse al día. Un ejemplo de esto es la Ley de Transparencia, que vio la luz luego del fallo por el caso Trillium en la Corte Interamericana de DDHH en 2006, fallo que estableció que el Estado había violado el derecho a libertad de pensamiento y de expresión, y lo conminaba a adoptar medidas para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Ojalá que, así como en 2006, cuando el gobierno y el Congreso se apuraron en responder a la evaluación de un organismo internacional, logrando avances en el derecho al acceso de la información pública, en esta ocasión logremos avanzar como país en una "legislación problema" reclamada por la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales, cual es la ley que sanciona la discriminación.
“(…) este Tribunal es de opinión que el derecho a la no discriminación está suficientemente abordado, regulado y cautelado en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se aprecia la necesidad de establecer acciones adicionales y especiales para su resguardo”.
En esa oportunidad 7 ministros fueron de opinión de informar favorablemente el proyecto, “por estimar que la iniciativa resultaría un complemento necesario al derecho constitucional de la igualdad ante la ley y la prohibición que se le impone a la ley o cualquiera autoridad para establecer diferencias arbitrarias”.
La Corte informó por segunda vez el proyecto, también desfavorablemente, el 15 de noviembre de 2005 (Oficio N° 168), a partir de las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al texto enviado por el Ejecutivo.
No obstante, el proyecto fue informado favorablemente por esta Corte Suprema mediante Oficio N° 27 de 23 de enero de 2007, pese a que este Tribunal, en el proyecto original y en otra modificación sobre el asunto, no estuvo de acuerdo con el establecimiento de esta acción especial, por estimar que era suficiente la acción constitucional de protección.
Por oficio N° DDHH N° 006/2008, de 11 de junio de 2008, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, remitió a la Corte Suprema, el proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que establece medidas contra la discriminación
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 20 de junio del presente, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando nuevas observaciones.
Esperemos que ahora sí se apruebe el proyecto y terminen las trabas por parte de nuestro Excmo. Tribunal.