“Estamos en un momento clave para concordar un gran pacto social por el desarrollo”*

*María Ester Feres, Directora del Centro de Estudios y Asesorías en Trabajo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central

¿Cómo evalúa los avances para garantizar los derechos laborales en nuestro país?
Ha habido avances interesantes, pero subsisten grandes falencias. Entre los avances se encuentra el reconocimiento legal de los derechos de ciudadanía en la empresa, si bien éstos derivan de la aplicación directa de los preceptos constitucionales. También destaca la reforma procesal laboral, que se está implementando gradualmente. Finalmente, la regulación de las relaciones de subcontratación, en mucho menor medida, en tanto la actuación de CODELCO y la errada interpretación de la Corte Suprema cercenaron las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, convirtiendo la ley en letra muerta.
En cuanto a las falencias, éstas son muchas. Las principales tienen que ver con un marco normativo que desconoce derechos fundamentales de las y los trabajadores, como la negociación colectiva, incidiendo en la baja tasa de sindicalización, en tanto quita a los sindicatos una de las funciones que constituyen su razón de ser. También las persistentes discriminaciones -en particular de género-, que subsisten en el trabajo asalariado. Tampoco es posible hablar de derechos garantizados cuando fallecen cientos de trabajadores/as por accidentes del trabajo, en una equivalencia de una vida diaria. Finalmente está el problema de las remuneraciones, que se traduce en que más la mitad de los pobres son asalariados y en que cerca del 70% de las y los trabajadores perciben menos de dos ingresos mínimos mensuales, entre otras materias.

¿Qué limitaciones culturales identifica para un mejor diálogo social?
Efectivamente, en una perspectiva histórica, el país carece de una cultura de diálogo social, pero también de ciudadanía, de prácticas y ejercicios participativos. No obstante, las limitaciones no son sólo culturales sino principalmente institucionales. Actualmente tenemos una institucionalidad legal tendiente a impedir la constitución del actor sindical y a limitarlo severamente en sus posibilidades de transformarse en una contraparte válida para la negociación colectiva y el diálogo social. Nuestro sistema de relaciones laborales es esencialmente autoritario, unilateral y consecuentemente, antidemocrático. Sin un ejercicio cotidiano de diálogo, en condiciones de respeto y de relativo equilibrio de fuerzas, todas las instancias superiores que intenten crearse no logran generar la credibilidad ni confianza necesarias en las y los trabajadores y en la ciudadanía en general, en tanto nacen cojas: no se reflejan en instancias institucionalizadas de participación social.

¿Cómo aportarán los nuevos tribunales y defensoría laboral sobre la protección de los derechos de los trabajadores?
Si bien se trata de una reforma instrumental y no de derecho sustantivo, debiese tener efectos muy positivos en materia de protección de derechos, en tanto hace efectivo un derecho humano fundamental como es la garantía de acceso a la justicia, acelerando sustancialmente los juicios y ampliando las posibilidades de defensa de los derechos laborales y previsionales. Adicionalmente, establece un procedimiento especial denominado monitoreo, que permitirá satisfacer deudas de bajo monto que hasta ahora las y los trabajadores no demandaban, debido al  enorme tiempo que implicaban los juicios en el procedimiento antiguo.

Me parece, además, un avance muy trascendente la creación de una modalidad procedimental especial de tutela de los derechos fundamentales. No sólo abrevia sustancialmente el proceso, sino también permite el cambio del peso de la prueba, debiendo, por ejemplo, el empleador y no el o la trabajadora, demostrar  que no hubo discriminación, si es que el juez estima que hay indicios suficientes sobre conductas discriminatorias.

En lo personal valoro muchísimo el reconocimiento expreso, como comportamiento discriminatorio, de las represalias que puede sufrir el o la trabajadora como consecuencia de haber denunciado la violación de sus derechos, ya sea ante la Dirección del Trabajo o ante los Tribunales de Justicia.

¿Cuál sería el impacto de ampliar la negociación colectiva?
No conozco la propuesta del Gobierno. No obstante, me parece importante recordar que en cada reforma laboral se han modificado normas relativas a sindicalización y negociación colectiva, planteándose siempre que con ello se pretendía hacer realidad el acceso y ejercicio pleno de estos derechos. Los resultados objetivos han sido lamentables, debido a que las modificaciones siempre han sido marginales, no alterando los principales enclaves del Plan Laboral de la Dictadura. Nunca, desde la vuelta a la democracia, se ha pretendido generar un modelo distinto de relaciones laborales mínimamente democrático, que reconozca de verdad la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga; que elimine las miles de regulaciones existentes, establecidas sólo son el objetivo de limitarla y obstaculizarla. Ojalá el proyecto que se envíe tenga un enfoque diferente.

¿Cuáles son los desafíos en este sentido, tanto para empleadores como trabajadores/as?
Los desafíos son grandes, y no son sólo para trabajadores y empleadores, sino especialmente para el Gobierno y el Parlamento. El rol del Estado es fundamental en la generación de una nueva cultura de diálogo social, la cual no es posible sin una legislación que promocione decididamente la negociación colectiva.

Tenemos una enorme oportunidad con esta gran crisis económica mundial. En los momentos de dificultades serias es cuando se prueba la solidez y madurez de las instituciones sociales y políticas. Estamos en un momento clave para concordar un gran pacto social por el desarrollo. A él no se llega sin un mundo laboral organizado, con un actor sindical fuerte, reconocido y legitimado política y socialmente.

Podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que el actual sistema de relaciones laborales, sin efectiva negociación colectiva, tiene mucho que ver con las bajas tasas de crecimiento mostradas por la economía chilena en todos estos últimos años; además de la falta de inversión en ciencia y tecnología -en tanto se apostó siempre a competir sólo en base a bajos costos salariales-, los tan insuficientes índices de capacitación laboral de parte del empresariado y la tan desigual distribución de los ingresos, la que se mantiene inalterable a pesar de los ingentes aportes y esfuerzos de las políticas sociales.