“Este proyecto es lo mejor que tenemos después de 20 años de espera”
Juan Domingo Milos, presidente del Capítulo Chileno del Ombudsman

- Según el proyecto de reforma constitucional que está en el Parlamento, ¿Cómo operaría una Defensoría de las Personas en Chile?

En sus planteamientos macro estamos bastantes conformes con este proyecto, no queremos un mejor proyecto que sea rechazado. Después de 20 años esperando, este proyecto cumple por lo menos con rasgos fundamentales que están regidos por los Principios de París: autonomía del defensor/a, facultad para recibir quejas, el nombramiento del titular –que es nombrado por el parlamento previa consulta pública- y muy importante: la participación ciudadana. Como Capítulo del Ombudsman siempre hemos planteado que sin participación de la sociedad civil, esta figura pierde legitimidad y sentido. El nombre no puede estar sujeto al cuoteo político.

- ¿Cómo es la experiencia internacional respecto de la efectividad de una Defensoría?

En todos los países latinoamericanos las defensorías están en los tres primeros lugares de credibilidad de la gente. En general funcionan en la solución de los problemas diarios de las personas, problemas que no tienen solución judicial porque no son judiciables o que no pueden ser asumidos individualmente. Y uno se puede preguntar cómo este defensor que no tiene consigo la fuerza de la coerción para resolver, llega a tener este grado de legitimidad y eficacia. Pero justamente es ésa su fuerza, que no radica en la coerción, sino en su poder moral y legitimidad, su cercanía a la gente y no al poder político. Y por eso es tan importante que sea una figura nombrada desde la sociedad civil.

- ¿De dónde surgió este proyecto y cómo ha sido su proceso político?

El surgimiento de cada Defensoría responde a las necesidades de protección de las personas en situaciones distintas. En el caso Colombiano, por ejemplo, surge de la terrible realidad de división del país, de la situación de los desplazados. En Bolivia por situaciones de extrema pobreza. Sin embargo, todas las defensorías latinoamericanas tienen en común que son organismos autónomos, nombrados por los parlamentos, no centralizados y además que están arraigados en el pueblo. Siguen el patrón español, es decir, no son sólo defensores ante los organismos públicos sino también promotores y defensores de los derechos humanos en general.

En Chile se ha dicho que esta institución es necesaria en países con otro tipo de problemas. Recién este año se ha dado en el Parlamento una discusión de fondo, de por qué es necesario crear esta figura. Y responde al mayor desarrollo de la democracia y el surgimiento de nuevos derechos y exigencias, versus un aparato del Estado muy restringido para hacerse cargo de este desafío de mayor participación ciudadana y de exigencia de derechos.

- ¿Qué responde a los argumentos de la derecha respecto de que sería más burocracia y que las personas cuentan ya con acceso a la justicia?

Efectivamente, uno de los argumentos es que ya contamos con una serie de instituciones que velan por los derechos de las personas. Por ejemplo los tribunales de justicia, que ven la legalidad de los actos. Pero el defensor no va a ver la legalidad del acto sino su finalidad, pues ese acto puede ser perfectamente legal, pero también injusto y violatorio de los derechos humanos. La defensoría no entra en competencia con los organismos regulatorios del Estado, es un ente que vela y promueve los derechos de las personas, por intereses colectivos y generales. El Estado tiene que defender sus intereses pero ¿quién vela cuando los derechos de las personas han sido vulnerados?