- ¿Cómo ha sido la experiencia de la Comisión en la protección de los derechos y los reclamos más frecuentes?

Somos una comisión asesora presidencial que nace por decreto y que en su labor diaria intenta suplir la gran carencia de no tener un defensor del pueblo en nuestro país, porque no contamos con el atributo mínimo de autonomía. Eso entre otras atribuciones que muchas veces nos impiden entregar una solución concreta a personas cuyos derechos son atropellados. Actuamos con la herramienta de mediación y nos dedicamos a velar por la promoción de los derechos y a entregar sugerencias a la Presidenta, y precisamente en lo que vemos todos los días, constatamos que en Chile falta una Defensoría de las Personas. La idea de crear esta Comisión el año 2001 fue justamente como una experiencia piloto que ayudara a la generación y tramitación del proyecto de reforma constitucional para crear la Defensoría de las Personas. A pesar que nunca se ha hecho una campaña de difusión, ha aumentado el número de personas que reclaman ante la comisión. Atendemos unos 3 mil casos al año. Los más frecuentes están en el ámbito previsional y de la salud.

- ¿Como funcionan los canales de comunicación con las personas?

Generalmente la gente llega acá como una última instancia, porque incluso en el servicio donde está haciendo el reclamo le dicen “vaya a la oficina de la defensoría”. Nosotros tratamos de dar una solución, pero generalmente la gente llega muy decepcionada, casi desesperanzada.

Es que es muy fácil para la institucionalidad, especialmente a nivel municipal, entregar beneficios sociales desde la lógica de la regalía o el favor más que un enfoque de derechos, porque así mantienen a la gente en la lógica clientelar. Pero en su reverso, una relación desde los derechos implica la responsabilidad de los ciudadanos de informarse, de cómo hacerlos valederos, de saber dónde reclamar; y de parte de las instituciones, que estos reclamos sean atendidos.

- En ese sentido, ¿Cuáles son los principales desafíos de una Defensoría de las Personas en nuestro país?

Por nuestra experiencia creemos que es una institución que se requiere con urgencia, y no sólo para reparar la vulneración de derechos, sino por la tarea primordial que es su promoción. Es una institución que vela por los derechos humanos en un sentido amplio. Es necesaria porque hay muchos ámbitos que afectan a los ciudadanos que están en tierra de nadie. La Defensoría no será una Asistencia Judicial II, ni una OIRS* gigante. Es una institucionalidad de segunda instancia, que si bien puede atender problemas individuales de vulneración de derechos, siempre lo hará en el marco de problemas colectivos, para incidir en el actuar de las instituciones, con la capacidad de investigar y con una representación a nivel regional.

- ¿En qué va la tramitación del proyecto?

Existen proyectos ingresados por todos los gobiernos de la Concertación que crean esta figura desde el año 1991. El último proyecto, del año 2003, inició por primera vez su discusión en el Congreso gracias a que el presente gobierno le otorgó urgencia. El proyecto fue aprobado en general en la Cámara Baja durante octubre 2008, sin embargo, no logra el quórum de aprobación en su discusión en particular en noviembre de 2008 (se necesitaba quórum calificado al ser una reforma constitucional). A pesar de ello existe un compromiso del gobierno de Michelle Bachelet con el Proyecto que crea la Defensoría de las Personas en Chile, razón por la cual la primera semana de diciembre ingresará al Parlamento un nuevo proyecto que recoge la discusión parlamentaria y que permitirá que la iniciativa sea votada durante este mes. Creo que es la última oportunidad que tiene Chile para ponerse al día con las democracias del mundo en materia de protección a los derechos de las personas. Veremos que dicen los señores y señoras parlamentarios.

*OIRS: Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de los organismos públicos.