En Chile hay una tensión entre valores democráticos y autoritarios
Álvaro García, sociólogo Corporación Genera
¿Cuál es la evaluación que han hecho de la vigencia de los valores democráticos en la ciudadanía?
- La democracia se instaló desde un discurso valórico que la legitimaba como la mejor forma de gobierno y ese discurso ha tardado mucho en traducirse en prácticas que los ciudadanos puedan vivir y que determinen su convivencia. Por ejemplo, el 88% de las personas consultadas cree que no somos todos iguales ante la ley, que es un principio básico de la democracia. Un 77% de los chilenos cree que los partidos políticos no contribuyen a resolver los problemas del país, otro principio básico de la democracia. El 53% de la gente cree que participar en política no sirve de nada.
¿Y qué sucede con estos valores en la convivencia social?
- Estas cifras dan la respuesta: un 75% de los chilenos cree que las empresas privadas no respetan a los consumidores. Un 83% cree que los servicios públicos no respetan a los ciudadanos, un 53% cree que en el mundo laboral no hay respeto de las gerencias a los trabajadores. El 91% cree que la gente rica no respeta a la gente más pobre. Todas estas cifras hablan de que la convivencia no está mediada por los valores democráticos, es decir, que las diferencias- siempre necesarias y constitutivas de una democracia- siguen manteniendo una coexistencia problemática. La democracia no supone la ausencia de conflicto sino que, por el contrario, que el procesamiento de ese conflicto se haga en un marco de respeto y valoración por la diferencia, lo que claramente es insuficiente en Chile a la luz de estos datos.
¿Qué mecanismos contribuyen a que en una sociedad se vayan asentando estos valores?
- Hay básicamente dos cosas. La primera y más urgente es hacer que la institucionalidad democrática actúe en su quehacer de acuerdo a los valores que la legitiman. Es decir promueva la participación en las decisiones, sea capaz de recoger las opiniones de la ciudadanía. Está muy instalada la idea de que los chilenos no queremos participar, pero desde el sistema político hay que abrir canales de participación, escuchar a la ciudadanía. La contracara, es decir, desde la ciudadanía, es entender que nuestro bienestar no depende sólo de nuestra capacidad para conseguirlo, sino que necesitamos a los demás. Lo segundo, creo que es necesario incluir los valores democráticos en la educación, y con esto no me refiero sólo a introducirlos en las mallas curriculares, sino en el quehacer educativo, como una práctica en que se incentiven mecanismos de participación y valores como el pluralismo y respeto.
¿Qué relación existe entre estos valores y lo que conocemos como derechos económicos sociales y culturales (DESC)?
- Los DESC son una segunda etapa de los derechos fundamentales del hombre. En ese sentido hay una relación muy estrecha porque la democracia es también una segunda etapa de cómo gobernar, no es sólo una forma de elegir autoridades, sino una cultura que modera las prácticas. Y estás prácticas implican un respeto de los derechos sociales, económicos y culturales. Ahora, estos derechos no son “menos” fundamentales que los derechos fundamentales del hombre, sólo que son conquistas posteriores.
¿Crees que persiste una visión autoritaria en Chile?
- En Chile hay una tensión entre valores democráticos y autoritarios. Esta tensión se vive en las subjetividades de cada uno. Y las cifras son decidoras: por ejemplo, frente a mucha delincuencia el 44% de los chilenos justificaría una dictadura. Ante la pregunta si para tener un país más tranquilo hay que castigar severamente a los delincuentes aunque se deban vulnerar algunos de sus derechos básicos, un 78% está de acuerdo. Creemos que este fenómeno tiene una explicación en las vivencias de la población, que dice que “si no tengo ni derechos, por lo menos tengamos orden”. Pero un dato interesante de esta dicotomía tiene que ver con la participación. Ante la afirmación “Las manifestaciones políticas deben ser castigadas para restablecer el orden”, aquí la tendencia se revierte. Un 60% cree que no deben ser castigados, siendo el derecho a protesta en único derecho- de los que medimos- que los chilenos prefirieron respecto del orden.
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