A 20 años de la recuperación democrática, ¿que tan democrática es nuestra Constitución?

- Nuestra Constitución no es democrática. Es una constitución otorgada, autoritaria y neoliberal, la antitesis de una constitución democrática. De 1989 al 2005 la Constitución tuvo 17 reformas. Las tres más gravitantes son la reforma del ‘98 -pactada por la Concertación con Renovación Nacional y con el Gobierno Militar-; la del año 91 -sobre Gobierno y administración interior del Estado- y la tercera gran reforma del 2005, que depuró los enclaves autoritarios más significativos (senadores designados, racionalizó las competencias del Tribunal Constitucional, jibarizó el Concejo de Seguridad Nacional y sometió a los instituciones armadas y de Carabineros a la dependencia del jefe de Estado). Pero quedó una muy importante; el sistema electoral binominal.

¿Superado ese elemento autoritario podríamos hablar de una Constitución democrática?

- No, porque la Constitución tiene su origen en un gobierno de facto. No existen sistemas electorales perfectos, lo grave en el caso de Chile es que la determinación del sistema electoral no fue hecha por el Parlamento, sino por el régimen autoritario. Una de las reformas del 2005 a la Constitución le dio a la legislación electoral un quórum extraordinario (el mismo que para reformar la Constitución) lo que significa que la modificación al sistema se puede lograr sólo con el consenso de gobierno y oposición. Y si el sistema sobre-representa a la minoría (oposición) entonces no hay incentivos para modificarlo. Nuestro actual sistema encierra la política, marginando a las minorías políticas y  contribuyendo a la situación de apatía política y a la disminución del censo electoral.

¿Cómo nos sacamos esta camisa de fuerza a la democracia?

- Con respecto a la Constitución existen dos opciones: avanzar hacia un segundo ciclo de reformas constitucionales, que he llamado de segunda generación (que exige pactos políticos gobierno-oposición) y la otra, planteada por Eduardo Palma y Roberto Garretón: establecer una Asamblea Constituyente, apelando al poder constituyente originario del pueblo. Sin embargo, esta apelación al poder constituyente originario está revestida de un grado de ruptura política institucional muy importante.

Entonces, ¿Qué base puede tener esta propuesta?

- En otros países de América Latina las constituciones han sido fruto de este constituyente originario: Venezuela (1999), Bolivia (2008) la de Ecuador recientemente, todas constituciones votadas en referéndums democráticos. Independiente de que se diga que estos países tienen gobernantes populistas, lo cierto es que desde el punto de vista de sus credenciales democráticas, estas tres constituciones las tienen.

En este contexto ¿qué rol tiene la ciudadanía?

- La ciudadanía está muy ausente y creo que es esencial que haya un movimiento ciudadano muy amplio a favor de estos cambios. Para romper este inmovilismo hay que generar una verdadera cultura constitucional. No sé si los partidos políticos tienen un rol gravitante en impulsarlos, aunque tanto en sus congresos ideológicos, la Democracia Cristiana y  del Partido Socialista se han manifestado favorables a una modificación total y completa de la Constitución, sea por la vía de la Asamblea Constituyente o la de reformas de segunda generación. Me preocupa el hecho de que una Constitución del Bicentenario que planteó el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet no quedó sino en retórica vacía.

¿Son determinantes las Constituciones en la democracia?

- Las Constituciones tienen dos grandes contenidos: establecen el “estatuto del poder”, es decir cómo se organiza el Estado, y establecen un catálogo de derechos fundamentales y los mecanismos de tutela y aseguramiento de estos derechos. En América Latina y en aquellos países donde han ocurrido estos cambios, es porque los sistemas políticos han colapsado y las personas tenían sed de participación y justicia social. Lo que estas nuevas constituciones han intentado reflejar son esos anhelos. La pregunta que habría que hacerse es si las constituciones son instrumentos adecuados para lograr satisfacer estos anhelos, y yo diría que muy parcialmente: la participación política de la ciudadanía depende no solamente de los canales formales que la Constitución provee, sino de la cultura política favorable a la participación, conciente y formada. Y la justicia social no depende de la Constitución, sino de los modelos económicos vigentes, de cómo se reparte el producto social, y de decisiones políticas de cómo se distribuye la riqueza.  El gran peligro de Constituciones tan generosas en material de derechos sociales es generar una profunda frustración colectiva porque se pueden transformar en promesas incumplidas. Sin embargo, mi visión de estas constituciones ciudadanas es positiva, pues han abierto cauces a la participación.

*Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de Chile