 Es necesario ejercer nuestra soberanía popular no sólo en época de elecciones
Felipe Hevia*
-¿Cuál es la diferencia entre contraloría social y otras formas de participación ciudadana?
- La contraloría social se define como los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana, pero a diferencia de los votos -mecanismo para premiar o castigar a nuestros gobernantes- se enfoca a otros ciclos de la política pública, a la rendición de cuentas, al derecho que tenemos los ciudadanos de exigir que nuestros gobernantes se responsabilicen por lo que hacen y en el caso de que cometan irregularidades, sufran sanciones por ello. Es extraña la relación entre gobernantes y gobernados: los gobernados somos teóricamente “los jefes”, pero al recordarles a nuestros empleados, los gobernantes, que nosotros tenemos la capacidad de decidir, se nota el déficit democrático que existe en Chile y otros países.
- ¿Cuál es la mejor forma para que la ciudadanía participe y controle?
- La experiencia internacional dice que los mecanismos horizontales, que son los que aseguran sanciones en caso de irregularidades, son absolutamente imprescindibles para fortalecer la democracia. Pero tienen problemas de legitimidad muy fuertes: al tener el monopolio del control, basta que los políticos se pongan de acuerdo para taparse las espaldas. Por eso es absolutamente necesario que los ciudadanos participemos de sistemas de control social, ampliando las voces y la pluralidad del control. Pero ampliar los sistemas de control a la ciudadanía implicaría también superar el déficit democrático, ejerciendo nuestra soberanía popular no sólo en época de elecciones.
- ¿Cómo evalúas los avances en Chile y Latinoamérica, en contraloría social?
- El ejemplo de éxito en sus políticas han sido los brasileños, con un proceso que se creó post dictadura (la constitución ciudadana), que permitió que tengan participación en sus políticas públicas y control social. En el resto de Latinoamérica, la corrupción sigue siendo un gran problema. En el caso chileno, la respuesta post-dictatorial ha sido elegir siempre la tecnocracia. Es decir, que se hagan las cosas bien, pero sin la participación de la gente. Como ventaja, la implementación de la política resulta mucho más fácil, pero existen dos problemas serios: la legitimidad y la sustentabilidad. Cuando pasa algo como el Transantiago, generado por tecnócratas, sin participación, y no resulta, sucede este sentimiento de rabia que tiene que ver con la forma en que se hace la política pública en Chile, donde un experto decide sin consultarle a nadie. Las políticas que no son legítimas en su origen, y no incluyen las voces ciudadanas, van a fracasar sin duda.
- En Chile hay varios proyectos de ley en este sentido ¿vamos en el camino correcto?
- Dentro de la democracia directa la contraloría se basa en tres leyes: iniciativa legislativa, consultas populares o referéndum y revocación del mandato. Acá se está haciendo “en la medida de lo posible”, pero ya es un avance que se esté debatiendo la capacidad de los ciudadanos de participar no sólo de elecciones, sino también en otras instancias. En cuanto a la inscripción automática y voto voluntario, eso no asegura la legitimidad ni de las elecciones, ni del sistema democrático. Limitarse a una agenda absolutamente necesaria, que mejore el sistema de elecciones en Chile, no basta para tener un sistema democrático.
-¿El factor cultural influye en el éxito de estas políticas de participación?
- Por supuesto. Pero Chile tiene una ventaja comparativa: tiene una clase política menos mala que otros países, y además hay un sistema cultural que castiga la corrupción. No se entiende la corrupción como ejercicio natural del Gobierno. En países como México y Ecuador, la gente siente que los políticos se pelean el poder para robar. Chile es además un país más chico y más urbano. Y también tiene una densidad asociativa bastante alta. Pero aunque vayamos a votaciones cada tres años, aún vivimos en un país autoritario.
*Felipe Hevia, Doctor en Antropología Social y Presidente de REDDERE, Red Social Pro Rendición de Cuentas en México. |
