El Tribunal Constitucional es un apéndice de la constitución dictatorial

Roberto Garretón,
Abogado especialista en derechos humanos.

¿Con qué espíritu fue creado el Tribunal Constitucional?
El primer Tribunal Constitucional funcionó en Chile el año ’71, como parte del pacto de garantías constitucionales entre el recién elegido presidente Allende y la oposición. Este no tenía la cantidad de atribuciones que tiene ahora, y respondía a exigencias democráticas, recogiendo una tendencia que ya estaba en el mundo. Eso se acabó con el Golpe, cuando Pinochet hace un tribunal a su medida, con miembros elegidos por él, por la junta de Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional.

La Constitución del 80, de Pinochet, es la que está rigiendo, aunque con varias modificaciones. Para cada proyecto de reforma constitucional tendiente a democratizar algo se requiere quórum, pero de los diez miembros del TC, hay seis pinochetistas y cuatro demócratas. Actualmente en el Tribunal Constitucional, a lo que más pueden pretender los sectores democráticos es perder seis a cuatro. A menos que, en estos temas, haya un pinochetista más liberal o algún demócrata más conservador. Pero en general, siempre se va a perder.

Respecto al fallo contra la anticoncepción de emergencia en el TC… ¿cree que es una oportunidad de generar un debate sobre el rol de este tribunal?
Para mí el Tribunal Constitucional es un apéndice de la constitución dictatorial. No se lo puede cambiar sin el acuerdo de la derecha, porque no se va a aceptar un cambio constitucional, ni siquiera aunque diera empate. Se requieren dos tercios para modificarlo. Y como la constitución de Pinochet es perpetua, no tenemos ninguna posibilidad de cambiarla en las materias que para el pinochetismo son el núcleo duro de su concepción política. Con esta Constitución no vamos a tener ni Tribunal Constitucional democrático, ni sistema electoral democrático, ni sistema legislativo democrático...porque la constitución no es democrática, las materias de fondo no se pueden cambiar y la Concertación se resignó.

¿Cree que falta un debate al respecto? ¿Ha sido un proceso poco participativo?
Llevar a cabo un programa médico está dentro de las facultades de la Ministra de Salud. Pero el tema de la píldora ha pasado a ser un tema emblemático que demuestra las carencias de nuestra democracia: Las decisiones las tomó una ministra, y se lo derogaron cinco jueces. Y ése es el debate. Entonces eso a mí como demócrata me parece inaceptable. Creo que es un tema importante y tiene que discutirse públicamente como se hace en todas partes. En los países realmente democráticos un tema así genera 300 debates en televisión. Pero hoy día todo es show y los dueños de los canales de televisión tienen neutralizado el debate. Un tema como la píldora tiene que ser discutido, no sólo por los parlamentarios, también por nosotros.  Pero si no se han discutido temas claves en derechos humanos, como las responsabilidades civiles, la tortura y la Ley de Aministía, ¿qué queda para los temas de sexualidad?

¿Podría esperarse algo de este impulso ciudadano?
Hay una visión perversa en Chile: “yo quiero hacer esto, no me dejan hacerlo, conclusión: es bueno que no me dejen hacerlo”. La Constitución de Pinochet está intacta en lo esencial. No quieren que se discutan cosas. Entonces, cómo metemos el tema de la sexualidad… Primero, creo que el movimiento que se ha generado a raíz de la píldora -que debería ampliarse a la búsqueda de instituciones democráticas-, es muy positivo y hay que seguir apoyándolo. Está tomando fuerza, aunque yo pensé que iba a ser más grande. Pero es que ya nos aburrimos de protestar. El problema de la píldora está vinculado al sistema dictatorial que tenemos y sancionado por un tribunal hecho “a la pinta” de Pinochet, aún con las mejoras.