Diversidad, responsabilidad y solidaridad, son valores centrales en una democracia

Nuria Cunill,
Cientista Política y especialista en Administración Pública.

¿En qué nivel se están asumiendo iniciativas para perfeccionar la democracia en los países de Latinoamérica?
En este momento hay una oportunidad creada por los procesos de reformas del Estado que apuntan a dotar de mayor responsabilidad a quienes detentan el poder. Y es innegable que hay un hito respecto de los últimos diez años. Hay cambios importantes: la apertura al escrutinio público y sus consecuencias, el hecho de que más de diez países en la región tengan leyes de acceso a la información, que dos países tengan una normativa que respalda la publicidad de la gestión de intereses privados, que varios países tengan normativas que consagran la exposición pública de los proyectos que afectan a la ciudadanía. Todo eso apunta a la creación de oportunidades para la participación ciudadana, porque es evidente que uno – si no el más importante – de los recursos de la participación es la información.

¿Qué rol le cabe a la sociedad civil en este contexto?
El Estado es cada vez más conciente de que para cumplir sus obligaciones requiere asociarse con otros entes, lo que tiene sus bemoles porque hay diferentes tipos de movimientos, algunos que privilegian las entidades mercantiles, y otros que buscan instrumentalizar las organizaciones sociales. Pero al lado de eso hay también algunos movimientos interesantes en el sentido de abrirse a la asociación con los entes públicos no estatales, donde está la gran virtualidad de esta relación Estado- sociedad, porque por esta vía se fomenta la solidaridad social y la responsabilidad por el otro.

¿Qué son para usted los valores democráticos?
El respeto de la diversidad, la responsabilidad por el otro y por el ‘nosotros’ y la solidaridad. Se trata de valores centrales si estamos pensando en una democracia que haga sentido para la gente, que dé cuenta de la inserción en una comunidad que es percibida por todos como justa. Esto sólo es posible en la medida en que todos – y esto no es sólo tarea del Estado - asumimos que la calidad de nuestra vida privada pasa por la calidad de nuestra vida pública.

¿Qué casos exitosos para dotar de poder a la ciudadanía destacaría en la región?
Hay varios países que ya disponen de figuras institucionales que permiten crear una interfaz entre el Estado y la sociedad, sólo que aún en la mayor parte de los casos están limitados a parte del problema. Hay avances interesantes para involucrar de manera directa a los beneficiarios de programas sociales con la exigibilidad de sus derechos. Pero los derechos sociales se dirimen no sólo en la calidad de los programas, sino sobre todo a nivel de los servicios públicos y de formación de las políticas. Y en ese campo, la figura de la contraloría social aún es limitada. Sin embargo, hay pequeñas luces en el horizonte. En Brasil están instituidos a nivel nacional, estatal y municipal, consejos deliberativos y paritarios que pretenden intervenir de manera directa en el proceso de conformación de ciertas políticas sociales e incidir en la asignación de los recursos, que termina siendo uno de los puntos más críticos.

¿Qué tendencia debiera promoverse en este sentido?
Hay un campo que comienza a ser explorado, que es el de los “recursos de poder”, que la participación ciudadana requiere para poder devenir en consecuencias efectivas que a su vez impliquen correcciones del accionar público. En estos momentos, a los recursos indirectos de la participación, que exigen de la mediación de la institucionalidad judicial y contralora, se suma una nueva generación de recursos que dotan de poder directo a la ciudadanía. Entre ellos están, por ejemplo, el poder asignativo de recursos, el poder de veto que incluye la posibilidad de revocar el mandato y remover ciertas autoridades, y los poderes de certificación.

¿Cómo ve actualmente el rol de la política?
La participación ciudadana, es decir, la intervención directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, ciertamente es una forma de participación política, pero que no puede sustituir a la política que ejercemos a través de las instituciones republicanas clásicas: partidos, elecciones, actuación a través de los representantes. La participación ciudadana puede complementar a la participación política propiamente tal, puede presionar a su enriquecimiento, pero nunca puede sustituirla. No hemos descubierto aún instituciones sustitutas a los parlamentos, a los partidos, que son a través de las cuales se articulan demandas e intereses sociales en forma generalizada. La política está en la participación ciudadana, pero no puede agotarse ahí.