El contexto chileno en el cual surgimos a inicios de los años dos mil ha cambiado profundamente y aún cuando la reflexión de nuestro trabajo ha sido una tarea permanente, en estos últimos años nos ha exigido procesar preguntas vitales de nuestro quehacer, junto con enfrentar restricciones financieras que no ceden a pesar de las variadas estrategias desarrolladas para revertirlas.

Sin duda, se trata de un momento que requeriría -además de preguntarnos qué es lo que hoy podemos aportar a la sociedad desde nuestras convicciones y aprendizajes- contar con un financiamiento diversificado que permitiera mantener nuestra autonomía e independencia para desarrollar los temas y estrategias que han sido nuestro sello original.

Al cerrar esta etapa, asumimos el reto de comprender en la práctica, que las organizaciones cambian, pasan, se modifican y que lo fundamental es darse el tiempo para proyectar de alguna manera la riqueza de lo aprehendido con la convicción interna de que la labor ha sido fructífera y podrá ser cosechada desde otros espacios y con otros protagonistas.

Nuestra certeza es que el movimiento social nunca se detiene, se va renovando y logra nuevas expresiones que persisten en las luchas de mayor justicia e igualdad, de ampliar el horizonte de los derechos humanos, de alcanzar mejores estándares de convivencia democrática y de sustentabilidad planetaria.

Basta con revisar cifras del Sernac y ver cómo se incrementan los reclamos ante el retail y la banca, quienes han instaurado con total libertad las prácticas abusivas que fomentan un consumo desinformado y que provocan el endeudamiento irreflexivo de muchas personas. Sólo el 37% de los consumidores que usa tarjetas de crédito se fija en las tasas de interés, lo que da cuenta de un preocupante déficit de los consumidores.

Tres mercados concentran la mayor cantidad de quejas: las telecomunicaciones (33%), el retail (21%) y el mercado financiero (19%). Los problemas más comunes de los consumidores en estos mercados son los cobros indebidos, cargos por servicios que nunca contrataron como los seguros, las cobranzas extrajudiciales abusivas, el incumplimiento de lo publicitado o acordado en los contratos, las dificultades para ejercer el derecho a garantía legal cuando el producto sale malo y las barreras para terminar los contratos de telefonía.

A este gran problema ayudan de gran manera el consumismo, demasiada publicidad y la poca cultura de los consumidores chilenos, por dejarse llevar por rostros de TV, publicidad en vitrinas o “regalos” al contratar créditos. No podemos descartar de esta responsabilidad a los entes reguladores y fiscalizadores como el Sernac y las respectivas superintendencias, todavía lejanas y desconocidas para los ciudadanos en su funcionamiento y atribuciones.

Pero sin duda, a quienes muchos apuntan para poner un fin parcial a estas problemáticas es a nuestros honorables parlamentarios, quienes con su millonaria remuneración podrían haber evitado tantos problemas a los chilenos. Y es que sólo con hacer una revisión del sitio del Congreso, aparecen nueve proyectos de ley que pueden ayudar en “algo”. Pero, para nuestra mala suerte, éstos siguen esperando en el Parlamento.

Presentados en 2010

7366-03 Prohíbe exigir nuevos seguros cuando se repacta un crédito.

6980-03 Prohíbe a empresas que otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubilados.

6844-03 Prohíbe a las empresas de retail arrogarse la facultad de cambiar unilateralmente el precio pactado y el cupo de crédito

Presentados en 2009

6669-03 Regula la contratación de seguros en materia de compraventas a crédito, avances en efectivo y renegociaciones

6551-03 Establece el derecho a elegir el número de cuotas en las compras a crédito

6409-03 Impide contratar por teléfono seguros asociados a tarjetas de crédito

6704-18 Establece insolvencia individual y quiebra familiar.

Presentados en 2008

6319-13 Prohíbe condicionar las comisiones, bonos o incentivo a las ventas, al otorgamiento de crédito al cliente o, a su extensión.

5932-03 Establece la prohibición a los bancos e instituciones financieras de otorgar cuentas corrientes de crédito a personas que no acrediten ingresos.

Presentados en 2007

4957-03 Consagra el derecho a retracto en los créditos de consumo.

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que los parlamentarios no han discutido y han presentado más como un anuncio, una intención o gesto político. Se calcula que desde 1990 hasta la fecha se han acumulado más de 10 mil proyectos de ley archivados.

¿Qué harán entonces los parlamentarios en el Congreso?

Fundación Pro Acceso manifestó hoy su apoyo y reafirmó su compromiso con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión , luego de que la OEA publicara un documento firmado por sus Estados Miembros en la que se realizan una serie de recomendaciones que perjudican directamente a la instancia dependiente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) , limitando su operatividad.

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Domingo 18 de diciembre 2011 0:11 hrs.

Día del Inmigrante: “Chile es un país abiertamente discriminatorio y racista”

Más de 352 mil extranjeros viven en Chile, la mayoría peruanos, argentinos y bolivianos. Sin carnet de identidad, se enfrentan a duras dificultades. Un informe del Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional da cuenta del fenómeno social en nuestro país y recomienda tener un plan nacional de integración.

El Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional presentaron el informe “Los DD.HH. y la migración en Chile. Desafíos y oportunidades para una convivencia intercultural”, basado en los datos obtenidos en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2009.

Según los datos oficiales, en Chile viven 352.344 extranjeros, de los cuales los colectivos de mayor importancia son los peruanos (37,1%), argentinos (17,2%) y bolivianos (6,8%).

El 36% se concentra en la región Metropolitana, mientras que el 27% de distribuye entre las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La mayoría de ellos llega al país en busca de oportunidades laborales, y progresivamente, ha habido un aumento de la feminización de los inmigrantes.

Macarena Machín, investigadora a cargo del estudio, explicó las principales modificaciones que se deben realizar a corto y largo plazo para mejorar la protección e inclusión de los migrantes y refugiados en Chile: “La necesidad de un plan nacional de integración es fundamental para detectar todas estas falencias y hacer que se establezca una sociedad intercultural, a eso apunta el informe. A corto plazo, cambiar la ley de extranjería es fundamental y sobre todo, un trabajo por parte del Gobierno de forma ministerial y no solamente del ministerio del Interior, porque eso está enunciando que va a ser una política de seguridad y no lo queremos. Queremos integrar los DD.HH. y las áreas de servicios básicos”, dijo.

Desde Amnistía Internacional y la Red de Migraciones e Interculturalidad están formulando una propuesta de proyecto de ley en ese sentido. Si bien el Gobierno ha manifestado que trabaja en la misma línea, no se ha abierto a crear una mesa de trabajo participativa con organizaciones sociales, señaló Macarena Machín.

Por su parte, Manuel Hidalgo, peruano con bastantes años en el país y miembro de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana, plantea que si bien hay zonas en las que las comunidades se han insertado de mejor forma, hay exigencias que impiden el establecimiento regular.

Por ejemplo, una visa de trabajo amarrada a contrato que es costosa porque además obliga al empleador a pagar el pasaje de vuelta a su país de origen. En esa línea, Manuel Hidalgo pidió “un permiso de residencia mínimo de un año a todos los migrantes latinoamericanos que llegan acá, de manera de facilitar el proceso de inserción legal y de respeto a los DD.HH. Porque cuando la gente no tiene un papel regularizado ni carnet de identidad, los DD.HH. se le violan impunemente. Esa situación nos parece la más imprescindible de superar al más breve plazo”, señaló.

Problemas que ratifica Petit-Frere Wilner, pastor haitiano que está radicado en el país y uno de los afectados por un incendio en el que – al igual que 21 compatriotas suyos- perdió todo.

Además de las precarias condiciones materiales en que viven, Wilner señala que uno de los principales problemas a los que se ven enfrentados es conseguir estabilidad laboral y, por tanto, una mejor calidad de vida: “La principal dificultad que tenemos es la cuestión del trámite, porque para poder trabajar necesitamos el carnet de identidad. Y para tener el carnet hay que trabajar con una empresa y un dueño que pueda darnos contrato”, indicó.

Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, sostiene que además de generar mejores condiciones legales y socioeconómicas, hay muchos desafíos y retraso en materia cultural. “Hay un cúmulo de estereotipos discriminatorios hacia los migrantes no europeos, aún persisten las lógicas evolucionistas del siglo XIX que dicen que había que mejorar la raza chilena”, añade.

“Es un país que está marcado más bien por un paradigma de homogeneidad cultural. Lo que dice el país es que el éxito de nuestra gobernabilidad política radica en ese componente de homogeneidad cultural e invisibiliza a los pueblos indígenas. Y segundo, a partir de ese imaginario, es un país que tiene una conducta abiertamente discriminatoria y racista”, afirmó.

Este domingo 18 de diciembre se conmemora un aniversario más del Día Internacional del Migrante, y justamente para cambiar la mirada sobre los inmigrantes, refugiados de Perú, Colombia, Haití y Cuba preparan coordinados distintas actividades.

El lunes se realizará un acto frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, poco más tarde acudirán a La Moneda a entregar un petitorio con sus demandas, y para denunciar abusos y expulsiones ilegales del país.

Los detalles del informe pueden revisarse haciendo clic acá.

Un 90 % de los/as jóvenes cree que en Chile NO se aplica la ley a todos por igual.

Laura Palma Rojas,  Presidenta Federación de Estudiantes Universidad de La Serena

“Esto demuestra que algo está pasando y no es casualidad que seamos los jóvenes quienes cuestionemos la actual institucionalidad y reclamemos por una mayor igualdad.

La Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y el poder judicial debería velar por el cumplimiento de  dicha normativa, pero lamentablemente hemos visto cómo los estratos de mayor poder tienen un trato distinto y disfrutan de variados privilegios.

El Poder Judicial y la actual institucionalidad deben hacerse cargo de esta situación, porque cada día tienen menos credibilidad ante la ciudadanía. Muchas veces se ha visto a través de la televisión, cómo un hombre puede pasar meses en prisión por un delito menor y al otro día ver delitos como colusiones dentro del retail y de las “grandes familias” de Chile, quienes sólo pagando una pequeña multa (con relación a sus utilidades) quedan limpios de polvo y paja”.

Un 70% de los  jóvenes reconoce que ha reaccionado agresivamente cuando se ha sentido pasado a llevar.

Nicolás Valenzuela Levi,  Director de www.sentidoscomunes.cl

“Mi generación se siente más violentada, y se siente menos inhibida a actuar frente al abuso, por los medios que disponga. Es importante entender que la pregunta apunta a situaciones de abuso.

Nuestra sociedad parece carecer de vías institucionales para que sean opciones efectivas de solucionar esas situaciones injustas. Por ejemplo, enterarnos que este año dos ministros del actual gabinete han retirado 4.000 millones de pesos en forma ilegal arrendando infraestructura a una universidad privada, al mismo tiempo que un millón de chilenos se moviliza por la causa contraria, es violento.

Esto nos hace sentir que la ley no es igual para todos, y que los poderosos, los que debieran hacerla cumplir, ganan dinero violándola.  Al menos saber que hay una generación que se siente más violentada hace tener la esperanza de que como comunidad cambiemos las cosas. Pero estamos ante un riesgo evidente si continuamos sin tener vías institucionales para canalizar la indignación de nuestra sociedad”.

Chilenos desconfían de la ley, pero son discriminadores

El sondeo reveló que un 76% de las personas cree que la ley no se aplica con igualdad. Por otro lado, un 54% admite haber discriminado a otra persona sólo por ser pobre.

Que todos los seres humanos son iguales ante los ojos de la ley es algo que los chilenos consideran no cumplido. Así lo arrojó el Estudio Genera 2011: Jóvenes y Ciudadanía, donde el 76% de los consultados consideró que la ley no se aplica con igualdad entre todos.

Esta percepción es más profunda entre los jóvenes (98%) y se da en el contexto de bullados casos de la industria, como la colusión de las farmacias, la investigación a las empresas productoras de pollos y el famoso escándalo financiero de La Polar.

Las cifras del informe revelan “que una situación que se pensaba ocurría sólo a algunos, era en realidad generalizada y tachada públicamente como abusiva”, señaló María Eugenia Díaz, directora de Genera.

SE PERDIÓ EL RESPETO

Otra radiografía ciudadana de la investigación fue la percepción sobre el respeto, valor fundamental para la democracia. Lamentablemente, casi el total de los ciudadanos, un 98%, cree que en Chile los derechos son pasados a llevar constantemente.

Pese a ello, las cifras son paradójicas. Por un lado, está la conciencia sobre la falta de respeto a los derechos. Sin embargo, la práctica de las personas muestra que la mayoría pasa a llevar al otro en alguna ocasión.

Un 94% de las personas señala que los chilenos somos discriminadores, un 54% admite haber discriminado a otros por pobreza y un 60% declara no haber hecho nada al ser testigo de un abuso hacia un tercero.

Más decepcionante resulta que sean los jóvenes quienes reconocen más abiertamente estas conductas. Un 63% señaló haber desconfiado de una persona con aspecto de pobre y un 74% sostiene que se quedó callado al presenciar un abuso hacia otra persona.

“Reconocen en mayor medida dificultades para practicar valores democráticos y responsabilidades ciudadanas, es decir, que son notoriamente más autocríticos que los adultos respecto de sus actitudes discriminatorias”, sostiene el sicólogo Matías Montenegro.

Así, el estudio es un llamado a practicar la convivencia democrática y reforzar los valores.

Esta es la usual dinámica a la chilena que describe Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, en una columna publicada hoy en El Mostrador.

Con este elocuente fraseo sintetiza el atropello a los derechos laborales, culturales y sociales que sufre cotidianamente al menos un tercio de los chilenos y chilenas, particularmente quienes viven en la Región Metropolitana.

El trabajo me quita la vida

06.30AM, comienza la jornada de muchas y muchos chilenos: una hora para levantarse y un desayuno rápido.

07.30AM, llega el momento de desplazarse al lugar de trabajo: al menos una hora.

Son las 08.30AM y comienza la jornada laboral. ¿Cuántas horas trabajan las/los chilenas/os?

A comienzos de la semana pasada fuimos testigos de los resultados del estudio internacional de la consultora Regus. El sondeo, que tuvo con una amplia difusión en los medios de prensa nacionales e internacionales, señalaba que en el caso de Chile, el 11% trabajaba más de 11 horas diarias.

Inquietante, pero la estimación internacional se queda corta. De acuerdo a los cálculos de Fundación SOL (ver do file en Stata) y utilizando los datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE, encuesta oficial, del INE), en Chile, un 30% de los trabajadores dependientes full time, labora más de las 45 horas legales semanales.

La sorpresa (para las estadísticas que se conocen, más no para quienes viven esta realidad), se da al revisar el promedio semanal de horas efectivamente trabajadas por ese 30% de trabajadores/as: 56 horas. Es decir, un 24,4% promedio de exceso de jornada, o si se quiere: 1,24 días completos de sobre jornada.

Considerando que las 45 horas de trabajo legales, se estiman para 5 días hábiles, el cálculo previo indicaría que este 30% de trabajadores dependientes full time, trabaja en promedio 11,27 horas al día. Al hacer este zoom (trabajadores dependientes full time) tenemos pues, casi 3 veces el porcentaje, ya inquietante, de la consultora Regus.

Pero esto no es todo.

No satisfechos con exigir a los trabajadores y trabajadoras extenuantes jornadas laborales, las empresas pagan horas extras sólo en 6 de cada 10 casos. Ergo, parte relevante de la tasa de ganancia patronal descansa precisamente en la absorción no remunerada del excedente productivo de los trabajadores y trabajadoras: lo que le corresponde al trabajador termina siendo adueñado por el empleador. En ello, la duración prolongada del proceso de trabajo constituye un pilar fundamental para tal cometido.

Ciertamente, lo que los datos revelan, confirman un hecho que se palpa cada día más: el mal vivir, sobre todo por causa de nuestra organización del trabajo. Lo que sumado a una acción cada vez más debilitada del actor sindical, conjuga un escenario dorado para las empresas.

Y es que difícilmente se puede tener una buena vida con una dinámica a la chilena: 2 horas en desplazamientos de ir y volver al trabajo, 11.5 horas de trabajo, 8 horas para dormir, 1 hora para higiene y levantarse, 30 minutos para preparar la cena y rápidamente comérsela. Quedan… 60 minutos.

Preocupa que esto le pase a cerca de un 30% de las personas regidas por el Código del Trabajo y que laboran a tiempo completo. Para ellos/ellas, dicha realidad es la constatación material de cuando el trabajo nos quita la vida, de cuando la vida es usada para trabajar.

Al respecto, es pertinente preguntarse, hasta qué punto la clase política en general seguirá cínicamente invisibilizando situaciones como estas, que protegen y dan sustentabilidad al paraíso en cual viven las 4.500 familias que tienen secuestrado al país. No es aceptable, bajo ningún parámetro, que tenga que existir una suerte de grupo de sacrificio que deban soportar extensas jornadas laborales, para nada saludables.

Lejos ha quedado el viejo estandarte británico del triple 8. Aquél, que acuñado en el año 1817 por Robert Owen, reivindicaba jornadas con 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Este estandarte, que en sí mismo no era cabalmente liberador, era un principio mínimo para romper con la colonización absoluta de la vida del trabajador. Los problemas actuales, no obstante, siguen siendo muy similares al tiempo en que se formula esa consigna: 200 años después, ésta aparece como una panacea inalcanzable.

Mejorar la calidad de vida no debiese ser algo postergable. Ni las crisis económicas ni tampoco los distintos escenarios políticos son excusa. Nuestro país requiere ahora, una nueva institucionalidad y una nueva forma de hacer sociedad, que termine de una buena vez con el abuso dominante y legalizado que se ejerce hoy al servicio de las empresas.

Las gordas, los machistas y los torturadores

Este martes la ministra del SERNAM presentó una denuncia por incitación al odio contra un usuario de la red social twitter que subía fotografías de mujeres con sobrepeso y se burlaba explícitamente de ellas, incluso deseándoles la muerte.

A raíz de ello, ha existido un apoyo transversal a la actuación de la Ministra, que comprendió de inmediato que las descalificaciones a un grupo, aunque sean simbólicas y aparentemente inocuas (como podrían ser las amenazas de un usuario desconocido en la red social a personas con las que se cruza en la calle y que ni siquiera las enfrenta directamente), representan una amenaza para una convivencia social armónica.

También el Presidente ha sido cuestionado estos últimos días por contar un chiste en la Cumbre Iberoamericana en México en que sostiene que “una dama que dice que sí, no es una dama”. Ante el incidente, la misma Ministra Schmidt ha expresado valientemente lo inconveniente del chiste, aunque lo haya pronunciado su jefe directo.Dos casos recientes de discriminación, una respuesta directa y congruente por parte de la autoridad sectorial del Servicio Nacional para la Mujer.

Por eso resulta tan llamativo que ciertas discriminaciones sean rápidamente atendidas, mientras otras que han ocurrido recientemente en nuestra sociedad fueron silenciosamente toleradas, como lo ocurrido en el incidente de Labbé semanas atrás.

Todas las discriminaciones debieran ser condenadas con la misma firmeza y prontitud.

Dicho eso, me parece que socialmente es muchísimo más grave que una autoridad local elegida democráticamente, como es un alcalde, incite al odio homenajeando a un torturador y reconocido violador de los derechos humanos, tal como consta en los más de 24 condenas judiciales en su contra. ¿Acaso ese homenaje no es exactamente discriminar a las víctimas, ninguneando los atropellos y vejámenes que sufrieron? ¿Y esa discriminación no es producto, exactamente, de que quien las ha hecho es una persona cercana al Gobierno y quienes han sido afectados son, muy presumiblemente, opositores a este?

El mismo argumento utilizado por Labbé de que se debe respetar su libertad de expresión es refutado por el SERNAM: la libertad de expresión tiene sus límites, especialmente cuando se pretende menoscabar los derechos fundamentales.

Me quedo también con una última reflexión: en una sociedad solidaria y libre, un buen punto de partida es reconocer que todos podemos involuntariamente discriminar a otro sin darnos cuenta, al atribuir cierto comportamiento o actitud a una característica específica de una persona (como su raza, origen, clase social, religión, etc). Le puede pasar al Presidente, como le puede pasar a un alcalde, a cualquier ciudadano y, por supuesto, a nosotros mismos.

Pero lo que resulta intolerable es que, ocurrida una discriminación, se permanezca en la inacción.

* Entrada escrita por Matías Montenegro Cooper, psicólogo, Genera

Revisa la columna de The Clinic que expresa con claridad por qué “El modelito chileno ya no da para más”.

En Chile está mal pelao el chancho

Las recientes movilizaciones estudiantiles han permitido visibilizar una realidad que todos conocemos, pero que tanto cuesta reconocer públicamente: El supuesto exitoso modelo chileno, se sustenta en una desigualdad vergonzosa y preocupante y el crecimiento económico (superior al 5% como promedio anual en los últimos 20 años) termina favoreciendo a sólo un puñado de familias, las cuales controlan los principales grupos económicos del país e irritan o forman parte de la clase política, que propone y dicta las leyes que van generando las reglas del juego que rigen nuestra sociedad.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fines de 2011, Chile alcanzará un Producto Interno Bruto por persona ajustado por poder de compra (lo cual permite hacer comparaciones con otros países) de 16 mil dólares, o sea, $8 millones al año y si pensamos en un hogar de 4 personas, estaríamos hablando de $32 millones al año, algo así como $2,7 millones al mes. ¿Cuántas familias chilenas registran este nivel de ingreso? Probablemente el 99% de quienes lean esta columna no pertenecen a este grupo. Entonces, ¿dónde va a parar el crecimiento de la economía?

Al revisar los datos de la encuesta Casen 2009, se puede concluir que en el 90% de los hogares chilenos se registra un ingreso autónomo (el que se genera por el trabajo principalmente) inferior a $1,2 millones (lo que equivale a 7.200 dólares por persona) y en el 70% ni siquiera se superan los $650 mil mensuales, vale decir, menos de 4 mil dólares por persona.

Es sólo en el último decil (10% de los hogares más ricos) donde se observa un ingreso mensual promedio de 17.700 dólares y por tanto, es el único grupo que pasaría a ser representativo de este Chile mentiroso que está detrás de las cifras agregadas, con las cuales nos comparamos con otros países y utilizamos para exportar nuestro modelo.

La tiranía de los promedios en nuestro caso aplica completamente y nos hace recordar la cita de Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”.

Y tal como dice esta cita, no se trata sólo de un tema de brechas y de algunos multimillonarios que se distancian de una gran clase media que tiene un buen pasar, sino que más bien lo que nos dicen los datos y la realidad, es que la fortuna de unos y el PIB de 16 mil dólares que Chile ostenta, ha sido posible de alcanzar por la precariedad de gran parte de la población, que concentra bajísimos ingresos, a la
altura de los países más pobres, pero que a diferencia de estos, pueden “integrarse” y participar de los frutos del crecimiento a través del endeudamiento y el paseo dominical por el mall. Vaya integración

Por esto no es de extrañar la explosión de las movilizaciones, ni el descontento, ni los tirones de orejas que nos hacen recurrentemente los organismos internacionales como la OCDE, la OIT, la UNESCO e incluso el Banco Mundial y el FMI y cuanta sigla se le ocurra.

Tampoco parecen raras las conclusiones del Informe Latinobarómetro 2011, que señalan que con respecto al año pasado, Chile cae 26 puntos en su imagen de progreso, 24 puntos en la satisfacción con la democracia, 24 puntos en la confianza en el Gobierno de turno, 18 puntos en la situación económica personal futura, 14 puntos para la sentencia que las privatizaciones han sido beneficiosas para el país, 13 puntos para quienes creen que la economía de mercado es el único sistema para ser un país desarrollado y que la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país y finalmente se registra una caída de 9 puntos con la satisfacción que los chilenos tiene con su propia vida.

Además, según este informe, entre 18 países de América Latina (la región más desigual del mundo), Chile es la nación donde se registra la peor valoración acerca de la distribución de los ingresos y sólo el 6% de las personas cree que esta es justa o muy justa, o sea, somos cola de ratón.

El modelito chileno ya no da para más. Al igual que una persona que sólo se preocupa de su apariencia física y descuida su vida interna, nuestro país centró sus esfuerzos (producto del lobby permanente de la elite) en la fachada, en verse lindo por fuera, en los indicadores macroeconómicos, pero descuidó la microeconomía y se inventaron teorías mezquinas para justificar la existencia de bajos salarios, la creación de empleos desechables, el retiro del Estado de la provisión de bienes públicos como la educación y la salud y el exiguo pago de impuestos de grandes empresas y de las personas más ricas del país.

Descuidar la microeconomía, en términos sencillos, se traduce en el hecho de que la gente lo está pasando mal y simplemente no le alcanza para llegar a fin mes y los que llegan, deben sacrificar su vida familiar y personal, trabajando más de 12 horas al día. Y en un país con tantos recursos naturales y tanta riqueza, esto simplemente quiere decir “Que está mal pelao el chancho”

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Este martes 15 de noviembre, a las 11 horas, el nuevo presidente del Consejo para la Transparencia (CPT) recibirá a un grupo de organizaciones pro transparencia conformado por: Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Defendamos la Ciudad, Ciudad Viva, Genera, Humanas, Corporación Participa en una reunión que no sólo tendrá el carácter de presentación entre las partes.

Es que el polémico proceso de nominación de dos nuevos miembros al CPT por parte del Ejecutivo –que decidió no renovar al ex presidente Raúl Urrutia y al ex consejero Juan Pablo Olmedo–, ha provocado la inquietud de la sociedad civil y el rechazo de un sector del Senado. Es por ello que las organizaciones aprovecharán esta reunión para entregar un documento, el cual se hizo llegar al Ejecutivo a principios de octubre, con una serie de propuestas que apuntan a transparentar y mejorar los criterios de nombramiento y selección de miembros para el CPT.

Garantizar la independencia de los nominados, quienes son seleccionados en base a un proceso de selección abierto a la ciudadanía, transparente y participativo, son algunas de las propuestas indicadas en el documento. De esta forma se busca evitar que los candidatos sean asignados políticamente y, más bien, cuenten con el respaldo de la sociedad y generen confianza pública.

La falta de nuevos consejeros en el CPT y las renuncias del jurista Samuel Donoso y del abogado José María Eyzaguirre a la nominación realizada por el Ejecutivo, también están entre los temas de la reunión con Ferreiro. Esto, porque la falta de quórum (sólo hay dos consejeros cuando debiesen haber tres) ha provocado que los casos surgidos después del 28 de octubre no estén siendo atendidos.

Por otro lado, la implementación del Portal de Transparencia y el presupuesto que recibirá el CPT para el próximo año, también son parte de las preocupaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones pro transparencia que se reunirán con el presidente del Consejo para la Transparencia, serán representadas por la Fundación Pro Acceso, Fundación Ciudadano Inteligente, Defendamos la Ciudad y Corporación Participa.